Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-E y UPI valoran positivamente la inclusión en el RDL 8/2023 de medidas para reducir el fraude en la distribución de combustibles líquidos, aunque insisten en que hacen falta medidas adicionales para frenar las prácticas fraudulentas, que proliferan en el sector desde hace años. Inciden en que es precisa una mayor determinación para avanzar en la lucha contra el fraude, con el objetivo de recuperar la recaudación del IVA actualmente defraudado, garantizar la seguridad de suministro de combustibles y la protección de los consumidores, preservar la competitividad del sector y favorecer el cumplimiento de los objetivos de descarbonización mediante la incorporación de biocarburantes.